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26/03/2019 23h04 – Por: Tião Prado
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en su informe Anual de Gestión 2018, destaca como principal desafío hacer frente a la crisis del sistema penitenciario.
Esta mañana, presentaron el informe a los tres poderes del Estado paraguayo y a la ciudadanía en general. En el documento se resalta la preocupación en torno a la prevención de la tortura y la garantía de los derechos humanos.
“El principal desafío es hacer frente a la crisis del sistema penitenciario ya que de 15.434 personas privadas de su libertad en el país, sólo 4310 tienen lugar y el 74% (8451 personas) no tiene condena”, expresaron los responsables.
De acuerdo a estos datos, proponen un diálogo entre las instituciones gubernamentales y el acompañamiento de la sociedad civil. Consideran como problemas estructurales del sistema en cuanto a la falta de acceso al agua potable, a la salud, a alojamiento adecuado, a la educación, al trabajo, falta de recursos humanos: personal de blanco y de seguridad.
Desde el MNP consideran que persiste la corrupción dentro del sistema y la emergencia de los grupos criminales.
“Entre los temas para el diálogo, figuran: analizar las causas del crecimiento poblacional penitenciario; erradicar el abuso de la prisión preventiva; políticas represivas vs. políticas de prevención efectiva de hechos punibles; y mejorar las condiciones de privación de libertad de todas las personas”, aclararon.
Mujeres en los penales
Agregaron que el 47% de las mujeres ingresó por una causa vinculada a la Ley No. 1340 (microtráfico). Aunque hubo algunas mejoras, persisten las recomendaciones no cumplidas de adaptar las prisiones a las mujeres que sufren -en especial- de mayores vulnerabilidades. “Tienen restricciones para recibir a sus hijos que dificultan el contacto con ellos”.
Menores y adolescentes
“En lo que respecta a los hallazgos y recomendaciones en los diferentes ámbitos de intervención, existen 2113 niños y niñas institucionalizados, sin cumplirse el derecho de vivir con sus familias”, dicta el informe.
Recomiendan diseñar e implementar sistemas de cuidados con alternativas diferentes al encierro. Para que la condición no confesional permita trabajar desde una perspectiva de derechos, sin limitaciones basadas en creencias religiosas.
Apuntaron que para los adolescentes privados de libertad, se debe fortalecer el modelo socio educativo y terminar con los traslados arbitrarios (691 en cuatro años).
“Para las personas privadas de libertad en ámbitos policiales existe la falta de salvaguardas para prevenir la tortura y en las personas adultas mayores en hogares se observa un aumento en la cantidad con privación de derechos básicos”, concluyeron.
