La Fiscalía Anticorrupción anunció que investigará a Miguel Óscar Bajac, ministro de la Corte Suprema de Justicia, por una supuesta coima de US$ 10.000 que un funcionario recibió a su nombre.
06/07/2018 14h40 – Amambay570
El fiscal anticorrupción Luis Piñánez anunció que además de investigar a Rafael Luis Ramírez Doldán, un facilitador judicial sorprendido in fraganti recibiendo una coima de US$ 10.000 , también investigarán al ministro Miguel Óscar Bajac, quien fue mencionado por Ramírez. El dinero era solicitado supuestamente para que Bajac cambie su voto en un litigio en que precisamente se estaba negociando la coima.
“Por supuesto, además del ministro hay muchas otras personas mencionadas en la denuncia (…) No se descartan más hechos punibles que puedan atribuirse a esta persona (Ramírez) y tampoco que más personas sean procesadas”, indicó Piñánez al ser consultado sobre si el ministro también sería procesado.
Dijo que actualmente en base a la denuncia presentada se están haciendo pedidos de informe, analizando imágenes de circuitos cerrados para determinar si hay más responsables. “Estamos abocados al análisis de todos los elementos obtenidos a través de todas las conversaciones y reuniones”.
Mientras tanto, Ramírez Doldán se encuentra detenido, y fue convocado a declarar, pero se abstuvo de dar su versión. Sin embargo, durante el procedimiento, el detenido argumentó que el dinero se destinaría a un grupo de abogados que lo iba a asesorar en la causa, que sigue en litigio y que ya llegó hasta la máxima instancia judicial. Admitió que conoce al ministro Bajac, pero negó que el dinero sea para él.
El fiscal dijo que además del cohecho pasivo, se encuentran analizando si existen elementos para una eventual imputación por tráfico de influencias. “Hay indicios por las grabaciones en que convocaba el ministro pidiendo dinero, lo que se está determinando cuál es la conducta punible. Es un pedido de dinero a cambio de que salga un voto favorable, pero él no está facultado a firmar una sentencia, sino un ministro, por eso estamos analizando el hecho punible de tráfico de influencias”, detalló el agente fiscal, que se encuentra trabajando en el caso junto con la fiscal Victoria Acuña.
De acuerdo con la denuncia presentada al Ministerio Público, el detenido era intermediario del magistrado y pedía la suma de US$ 50.000 para que revierta su postura en un litigio entre una empresa y la Industria Nacional del Cemento (INC). La empresa había ganado la licitación pública internacional para explotar la cantera del INC, sin embargo tras reparar las maquinarias, ya no les dejaron trabajar en la trituración. El juicio es por un perjuicio de 40 millones de dólares.
