El ámbito judicial laboral en Paraguay refleja, cada año, un número creciente de trabajadores que acuden a tribunales en busca de respuestas a situaciones de conflicto con sus empleadores.
La Agente Fiscal en lo Laboral de la Capital, Gilda Stanley, explicó cuáles son los motivos principales de estas demandas y qué fenómenos recientes se vienen observando, marcando una tendencia hacia un trabajador más informado y dispuesto a reclamar.
La función de la fiscalía laboral
Stanley aclaró que la fiscalía laboral no recibe denuncias directamente, sino que su papel está definido por el artículo 21 del Código Procesal Laboral. En ese marco, su tarea consiste en velar por el debido proceso dentro de los juicios, garantizando que tanto empleadores como trabajadores tengan igualdad de condiciones en el desarrollo de la causa.
“Somos los ojos del proceso. Nuestra función es garantizar que todo se lleve a cabo de manera correcta, cuidando siempre los derechos de ambas partes”, enfatizó la fiscal. De esta manera, la institución no actúa como querellante, sino como garante de transparencia.
Tres grandes motivos que llevan a juicio
Aunque existen múltiples situaciones que pueden derivar en litigios, Stanley identificó los tres más recurrentes:
1. Despido injustificado o retiro justificado del trabajador.
Este es el motivo más común. Los trabajadores suelen alegar que su desvinculación no cumplió con las formalidades previstas en la ley o que se produjo de manera arbitraria. También se incluyen los casos en que el propio empleado decide retirarse de la empresa por incumplimientos graves del empleador, buscando el pago de las indemnizaciones correspondientes.
2. Demandas por daños y perjuicios.
En aumento en los últimos años, estos procesos involucran reclamos por daño moral, psicológico, discriminación o por falta de seguro social. Aunque el Código Laboral no regula en detalle esta figura, la justicia laboral admite su tratamiento apelando al Código Civil. “Hoy vemos casos donde el trabajador reclama que su dignidad fue afectada, que sufrió acoso, discriminación o quedó desprotegido en materia de salud. Esto genera un pedido de compensación económica”, explicó la fiscal.
3. Falta de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS).
Este problema se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchos trabajadores. Según relató Stanley, son frecuentes los casos de personas que trabajaron décadas en una empresa y, al intentar jubilarse, descubren que su empleador no realizó aportes durante varios años, impidiéndoles alcanzar los requisitos para la jubilación. “En estos juicios, el trabajador exige que la empresa cumpla con su obligación y que se reconozca el tiempo real trabajado”, detalló.
Un punto de inflexión tras la pandemia
Si bien no existe una relación directa con la crisis sanitaria, la fiscal señaló que a partir del 2020 comenzó a notarse un incremento de litigios vinculados a los aportes al IPS. El contexto económico, la informalidad y la precarización laboral dejaron en evidencia la falta de cumplimiento de muchas patronales. “El trabajador se da cuenta recién al final de su vida laboral, cuando intenta acceder a su jubilación y se encuentra con ese vacío”, apuntó.
Daños y perjuicios: un terreno en expansión
La figura de los daños y perjuicios se ha consolidado como un nuevo frente de conflicto. En este punto, los reclamos no se limitan a lo económico, sino que incluyen aspectos emocionales y psicológicos. Cada vez más trabajadores exigen que se les reconozca el perjuicio causado por ambientes laborales hostiles, despidos humillantes o situaciones de discriminación.
Según especialistas, esto responde también a una influencia cultural y legal de otros países, donde este tipo de demandas ya es habitual. En Paraguay, aunque los procesos pueden ser más lentos, se abre la puerta a indemnizaciones que antes no eran reclamadas.
El cambio cultural: más denuncias y menos miedo
Uno de los aspectos más valorados por Stanley es la pérdida del temor a litigar. Durante años, muchos trabajadores evitaban llevar sus casos a tribunales por miedo a represalias, a quedar “marcados” en el mercado laboral o por la percepción de que la justicia favorecería siempre al empleador.
“Hoy observamos que los trabajadores se animan mucho más a reclamar lo que les corresponde. Esto habla de un cambio cultural, donde la gente ya no se queda callada”
Agente Fiscal en lo Laboral de la Capital, Gilda Stanley.
Este cambio está vinculado al acceso a la información, especialmente gracias a las redes sociales. “Veo a muchos abogados laboralistas que explican en videos o publicaciones cuáles son los derechos laborales básicos. Eso hace que el trabajador tenga más conocimiento y sepa que puede accionar judicialmente”, agregó la fiscal.
Un panorama con desafíos
El aumento de litigios laborales también plantea desafíos al sistema judicial. Más demandas implican mayor carga de trabajo en los tribunales y la necesidad de que los procesos sean ágiles y efectivos para evitar que los reclamos se dilaten en el tiempo.
Por otra parte, el fenómeno evidencia un problema estructural: la persistente informalidad laboral en Paraguay, donde miles de trabajadores no cuentan con contratos formales ni cobertura de seguridad social.
Una justicia en búsqueda de equilibrio
Finalmente, Stanley insistió en que el rol de la fiscalía es acompañar y garantizar procesos equilibrados. “Nuestro objetivo es que cada caso se desarrolle con transparencia, que el trabajador se sienta protegido, pero también que el empleador tenga garantías de que no será víctima de abusos. El derecho laboral debe servir como un punto de encuentro para generar justicia y no como un campo de batalla desmedido”.
Con más demandas por falta de aportes previsionales, un crecimiento de los juicios por daños y perjuicios y un trabajador cada vez más consciente de sus derechos, el panorama laboral paraguayo atraviesa un momento de transformación. La cultura del silencio parece ceder paso a una era en la que reclamar lo justo se convierte en regla y no en excepción.
Fonte: Paraguay.com