En pleno siglo XXI, millones de niñas en Paraguay y todo el mundo continúan viendo truncados sus sueños y derechos fundamentales debido al matrimonio infantil y las uniones tempranas.
Detrás de cada historia hay una infancia interrumpida, una oportunidad perdida y una sociedad que aún no logra erradicar una práctica que, más allá de las cifras, constituye una de las formas más crueles de desigualdad de género.
Cada tres segundos, una niña en alguna parte del mundo es obligada a casarse o a convivir en una unión que no eligió. Las cifras estremecen, 650 millones de mujeres fueron casadas siendo niñas, y de ellas, cerca de 500.000 antes de cumplir los 15 años, según UNICEF. Aunque el porcentaje global de matrimonios infantiles se redujo levemente en la última década, los avances son insuficientes, la pobreza, la violencia estructural y la desigualdad siguen siendo factores que alimentan esta práctica, especialmente en regiones de América Latina, África subsahariana y Asia del Sur.
Una realidad que persiste en Paraguay
Paraguay no escapa a esta problemática. En zonas rurales del país, el matrimonio infantil y las uniones tempranas continúan normalizándose como “salida” ante embarazos adolescentes o dificultades económicas.
La Encuesta MICS 2016 reveló que el 16,1% de las mujeres de entre 15 y 19 años ya estaban casadas o en unión temprana, y que casi 4 de cada 10 mujeres de entre 20 y 24 años provenientes de hogares pobres contrajeron matrimonio antes de los 18 años.
Estos datos colocan a Paraguay entre los países de la región con mayor prevalencia de uniones tempranas vinculadas a la pobreza. Detrás de cada porcentaje hay historias de niñas que abandonaron la escuela, quedaron embarazadas sin apoyo médico o emocional y fueron sometidas a una vida adulta impuesta.
“La pobreza extrema, la falta de acceso a la educación, el embarazo adolescente y la presión familiar son factores que perpetúan este ciclo de vulnerabilidad”, explica Noelia Errecarte, representante de Plan International Paraguay, organización que promueve la campaña “Niñas libres de matrimonio infantil y uniones forzadas”.
Errecarte subraya que “el matrimonio infantil no representa una solución a los problemas sociales, sino que los agrava: condena a las niñas a la dependencia económica, a la exclusión educativa y a múltiples formas de violencia física, psicológica y sexual”.
La ley paraguaya y el desafío pendiente
El Código Civil paraguayo, en su Artículo 20 (Ley Nº 1/92), establece que el matrimonio puede celebrarse desde los 16 años con el consentimiento de los padres o tutores. Esta disposición, lejos de proteger, deja abierta una puerta legal para la vulneración de derechos y contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado al firmar la Convención sobre los Derechos del Niño.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han insistido en que esta excepción legal debe eliminarse de manera urgente. “Permitir el matrimonio antes de los 18 años —incluso con consentimiento— perpetúa la desigualdad y vulnera el principio del interés superior del niño”, señala un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El matrimonio infantil y las uniones forzadas son reconocidos internacionalmente como una forma de violencia de género, y su erradicación está incluida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS 5) de las Naciones Unidas, que busca “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas” para el año 2030.
Un problema regional: América Latina frente al desafío
Aunque se asocia más frecuentemente con África o Asia, América Latina y el Caribe también enfrentan un panorama preocupante. Según UNICEF y UNFPA, una de cada cuatro mujeres en la región se casó o unió antes de cumplir los 18 años.
En Bolivia, alrededor del 22% de las mujeres jóvenes contrajo matrimonio o unión temprana. En Perú, el 14% lo hizo antes de los 18 años, mientras que Brasil —con más de 210 millones de habitantes— es el país con mayor número absoluto de niñas casadas en América Latina, superando las 877.000 en la última década.
En Nicaragua y República Dominicana, más del 30% de las adolescentes se casan o se unen antes de los 18, y en Honduras, la cifra alcanza el 34%. En México, pese a una reciente reforma legal que prohíbe el matrimonio infantil en todos los estados, las uniones informales persisten, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
Estas cifras revelan una tendencia preocupante, aunque los países han avanzado en legislación, las prácticas culturales, las brechas socioeconómicas y la falta de educación sexual integral siguen siendo un obstáculo para el cambio real.
Las consecuencias: una infancia perdida
Las consecuencias del matrimonio infantil van mucho más allá del ámbito legal. Se trata de un fenómeno que impacta directamente en la salud, la educación y el desarrollo social de las niñas y adolescentes.
Quienes contraen matrimonio o se unen antes de los 18 años tienen menos probabilidades de completar la educación secundaria, lo que limita su inserción laboral y las deja expuestas a la pobreza. Además, los embarazos precoces derivados de estas uniones incrementan el riesgo de mortalidad materna y neonatal, complicaciones durante el parto y abandono escolar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las adolescentes de entre 10 y 14 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres de 20 años o más.
Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destaca que las niñas casadas son más propensas a sufrir violencia doméstica, dependencia económica y aislamiento social.
En Paraguay, las consecuencias son visibles: el país mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente del Cono Sur, lo que demuestra la estrecha relación entre uniones tempranas, falta de educación sexual y desigualdad de género.
Plan International y su compromiso en Paraguay
Con presencia en más de 80 países, Plan International trabaja desde hace décadas para promover la igualdad de género y los derechos de la niñez. En Paraguay, la organización opera desde 1994, beneficiando a más de 18.000 familias en los departamentos de Paraguarí, Guairá, Caaguazú, San Pedro y Central.
Sus programas buscan fortalecer comunidades, garantizar el acceso a la educación, prevenir la violencia y empoderar a las niñas para que sean líderes de su propio destino.
“Cada niña que logra permanecer en la escuela, que posterga una unión forzada o que accede a información sobre sus derechos representa una victoria colectiva”, sostiene Errecarte. “El desafío no es solo modificar leyes, sino transformar mentalidades y estructuras culturales que siguen justificando lo injustificable”.
Un llamado urgente a la acción
La erradicación del matrimonio infantil requiere una respuesta integral: reformas legales, políticas públicas efectivas, educación sexual y reproductiva, programas de apoyo económico a las familias y, sobre todo, una transformación cultural profunda.
Expertos en derechos humanos insisten en que es necesario romper con la normalización de estas prácticas. No se trata solo de prohibir, sino de crear oportunidades reales para las niñas: acceso a la escuela, atención médica, protección frente a la violencia y participación activa en sus comunidades.
La sociedad civil, las instituciones educativas y los medios de comunicación también cumplen un papel clave al visibilizar el tema, derribar estigmas y exigir rendición de cuentas a las autoridades.
Fonte: Paraguay.com