La cooperación judicial entre Paraguay y Brasil dio un nuevo paso con el objetivo de reducir los tiempos que demandan los procedimientos para el traslado de personas condenadas entre ambos países. Representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia analizaron medidas para optimizar la tramitación de estos casos, priorizando la actualización de los acuerdos bilaterales y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan una gestión más eficiente, informaron este jueves desde el Poder Judicial.
Funcionarios de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia se reunieron con representantes del Ministerio de Justicia. Durante el encuentro se revisaron los procedimientos vigentes para fortalecer la coordinación institucional y garantizar una aplicación más ágil de los compromisos asumidos por el Estado paraguayo en materia de cooperación judicial internacional.
Foto: Gentileza
Cumplir las resoluciones
Las autoridades recordaron que el Ministerio de Justicia cumple el rol de autoridad central en los procesos de traslado de personas condenadas, mientras que la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de ejecución, tiene la responsabilidad de hacer efectivas las resoluciones y asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el país.
La directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, Mónica Paredes, explicó que uno de los principales desafíos detectados es el tiempo que demanda la traducción oficial de la documentación al portugués, requisito indispensable para la tramitación de los expedientes con Brasil. Ese proceso ha sido identificado como uno de los factores que más inciden en la demora de los traslados.
Como parte de las soluciones planteadas, ambas instituciones acordaron avanzar en la utilización del Expediente Judicial Electrónico para el intercambio de documentos y actuaciones. La implementación de esta plataforma permitirá agilizar la circulación de la información entre los organismos involucrados, reducir los tiempos administrativos y fortalecer la respuesta del sistema judicial en los procedimientos de cooperación internacional.
Fonte: La Nacion
