El presidente de la República, Santiago Peña, convocó este lunes al Consejo Nacional de Empresas Públicas para instruir la creación de una mesa de trabajo destinada a coordinar planes, estrategias y acciones entre las empresas estatales.
La medida busca fortalecer institucionalmente a estas entidades y asegurar que brinden servicios más eficientes y sostenibles a la ciudadanía, en un contexto en el que la calidad y la eficiencia del sector público son claves para la competitividad económica del país.
Durante la reunión, el vocero presidencial, Guillermo Grance, informó que la instrucción del Ejecutivo fue clara: las empresas públicas deben trabajar de manera articulada y con mayor intensidad para mejorar su desempeño operativo y financiero.
Peña remarcó que uno de los ejes centrales de su administración es la modernización del sector público, pero sin considerar la privatización de ninguna entidad. Por el contrario, el objetivo es robustecer su capacidad de gestión y su impacto en la economía nacional.
Esta postura busca enviar una señal de estabilidad en un momento en que la provisión de servicios públicos, como energía, agua, transporte y telecomunicaciones, influye directamente en los costos de producción y en la competitividad general del país.
En el encuentro participaron representantes de nueve empresas públicas, quienes presentaron una actualización de su situación financiera y los principales retos que enfrentan a corto y mediano plazo.
Si bien no se revelaron los números en detalle, se anticipa que varias de estas empresas arrastran desafíos relacionados con inversiones postergadas, procesos operativos desactualizados y una creciente demanda de servicios por parte de la población y del sector productivo.
Felipe González, viceministro de Economía, enfatizó que el presidente instruyó expresamente trabajar de forma colaborativa para encontrar respuestas conjuntas a problemas comunes, como la necesidad de inversiones en infraestructura, la mejora de la gobernanza interna, la sostenibilidad financiera y la optimización del gasto operativo.
En términos económicos, esta coordinación podría permitir un uso más racional de los recursos públicos, identificar sinergias entre las empresas e impulsar reformas que hagan más predecible y eficiente su funcionamiento.
Fonte: La Nacion