Cristina Bogado, ministra de la Función Pública, informó que desde febrero se trabajará en una reforma de la Ley de la Función Pública para unificar criterios en todos los entes, en referencia al pago de favores políticos con cargos públicos.
07/01/2019 11h – Abc Color
Bogado conversó con radio ABC Cardinal la mañana de este lunes y coincidió en que la Ley 1.626, de la Función Pública, debe ser reformada. Para ello, trabajarán desde febrero. La intención es clarificar el alcance de esta ley en relación, especialmente, a las binacionales.
La ministra de la Función Pública afirmó que la actual ley presenta “innumerables problemas” y espera tener un borrador del anteproyecto en un plazo de tres meses. Reconoció que la reforma de este documento es uno de los “pilares fundamentales” de la SFP.
“Tenemos que tener una acción más coordinada con el Ministerio de Hacienda y la colaboración de más instituciones (…) Hay áreas que no son de nuestra competencia. El debate sobre el funcionariado público debe reabrirse”, expresó la ministra.
Bogado detalló que este cambio debe hacerse con inclusión participativa, pero, por sobre todo, con “compromiso social y político. Estamos encontrando vallas y situaciones que no están claras. Hay un proyecto de reforma el tema de la estabilidad laboral (…) No existen reglas claras ni uniformes en todas las instituciones”, refirió.
La reforma planteada por la SFP buscará evitar el pago de favores políticos con cargos públicos. Una cuestión particular, atendiendo que quien la puso en el cargo, el presidente Mario Abdo, sigue ubicando a seccionaleros y dirigentes políticos en puestos públicos. El caso más reciente es el del presidente de la seccional de Carapeguá, Héctor Figueredo, quien fue nombrado cónsul en Buenos Aires, pero reconoció que no sabe cuáles son sus funciones
