Los concejales municipales tuvieron que sesionar esta mañana
bajo el resguardo de 150 efectivos policiales, entre ellos, 60 cascos azules, en el local de la
Municipalidad
18/02/2020 06h – ABC Color
Tanto fuera como adentro de la sala de sesiones de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero se dieron todo tipo de intercambios de palabras y golpes. Esto ocurrió entre los que apoyan la intervención municipal contra los que, por otro lado, defienden al intendente municipal, el liberal José Carlos Acevedo.
En un primer momento, se inició la reunión en medio de gritos y de mucha gente que nada tenía que ver en la sala y que incitaban a la violencia, generando discusiones, empujones y ofensas entre los concejales.
La confusión mayor se dio cuando el concejal Orlando Guardatti, apoyado por la mayoría de siete concejales, mocionó que la reunión de la Junta fuera de carácter reservado, permitiendo apenas la presencia de los policías y miembros de la prensa, lo cual fue rechazado por los tres concejales que apoyan al intendente Acevedo.
Justamente, los seguidores del jefe comunal que se encontraban en el lugar iniciaron una trifulca, que obligó a los agentes de la Policía a utilizar gas pimienta y la fuerza para mantener el orden en el lugar. Una gran cantidad de personas de ambos bandos que estaban fuera de la sede municipal y en el interior del predio tuvieron que ser separadas por un fuerte contingente de policías para tratar de reponer el orden en el sitio. Finalmente, la sesión debió suspenderse por estos incidentes.
Desde anoche, partidarios y contrarios al pedido de intervención municipal se vienen enfrentando frente al local municipal.
Una mayoría de siete concejales había solicitado la intervención de la administración municipal de José Carlos Acevedo por supuestas irregularidades en la concesión de dinero a comisiones vecinales por un valor de más de G. 4.000 millones.
El Ministerio del Interior ya remitió a la Presidencia de la República el pedido de intervención, y se espera que esta semana el Mandatario firme el pedido y remitirlo a la Cámara de Diputados, donde finalmente se decidirá si se interviene o no la administración comunal de la capital departamental.
