Un informe lapidario de la Contraloría General de la República, confirma que el acuerdo firmado con una empresa privada brasileña durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, no contaba con la debida autorización.
Se trata de un convenio suscrito el 5 de abril de 2022 entre el Comando de Fuerzas Militares de nuestro país y la firma Compañía Brasileña de Cartuchos Mercosur (CBC), en el cual se establecía que la firma brasileña tercerice su producción de municiones en las instalaciones de la Dimabel, con maquinarias y personal de la dependencia militar de Paraguay, siendo su única contraprestación, para toda esta infraestructura a su disposición, la capacitación del personal de producción.
Este martes, el contralor general de la República, Camilo Benítez, en un informe remitido al Senado, confirmó que el convenio fue firmado sin autorización previa y expresa de las autoridades competentes, además de adjudicar de forma unilateral el usufructo de la fábrica y producción.
Se confirmó además que con el convenio se dio acceso ilimitado a toda la información confidencial de la Dimabel, referente a la seguridad nacional. El informe indica que el acuerdo es ilegal, por lo que debe dejarse sin efecto de forma inmediata.
ANTECEDENTES DEL CASO
El 10 de setiembre del 2020, el representante legal de la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) remite una nota al ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, en la que manifiesta el interés de la firma extranjera de instalar en nuestro país una unidad productiva para la fabricación de proyectiles, bajo el régimen de la maquila, para su posterior reexportación al mercado brasileño.
La Dimabel solo debió dar la autorización, como institución reguladora para la instalación de la fábrica; sin embargo, se aprovecharon de la intención de la empresa privada y le apretaron para que firme un acuerdo previo de entendimiento a fin de beneficiar a la institución militar fuera de la ley con exigencias que rayan la entrega de la soberanía.
La Dimabel pidió a la empresa que le reactive su fábrica, que subcontrate a los militares retirados y que encima se le compre la totalidad de la producción de municiones.
De la mano del general Aldo Ozuna y apresuradamente la Dimabel se comprometió con CBC Mercosur a llevar adelante el gran negocio de las municiones dejando de lado todos los procedimientos legales dejando en abierta desventaja a la institución militar y al Estado paraguayo.
