El caso del niño de 6 años que fue baleado anoche tras una persecución desnuda nuevamente la inoperancia de las fuerzas del orden -sobre todo de la Policía Nacional- y, además, demuestra lo expuesta que se encuentra la ciudadanía a ser víctima de estas actuaciones. En este material, recopilamos algunos sonados casos de “gatillo fácil”.
01/06/2020 06h30 – HOY
En la noche de ayer sábado, un vehículo particular en el que se movilizaba toda una familia recibió varios impactos de bala durante una persecución policial que se extendió desde San Lorenzo hasta la ciudad de Luque.
Durante este episodio, un niño de solo 6 años de edad recibió algunos disparos en el cuerpo, teniendo que ser derivado de urgencia hasta el Hospital del Trauma para recibir atención médica.
Este nuevo caso de “gatillo fácil” deja entrever la inoperancia de las fuerzas del orden a la hora de reaccionar ante situaciones de esta índole, poniendo en riesgo la vida de civiles.
A lo largo de los últimos años, se registraron varios casos similares en nuestro país, algunos de los que exponemos a continuación:
CASO VERÓNICA LUGO (2008)
Una joven de nombre Verónica Lugo había aparcado su vehículo a un costado de la ruta para orinar cuando una camioneta con las luces apagadas se aproximó lentamente hacia ella, lo cual la asustó e hizo que volviera a subir de inmediato a su automóvil.
Posteriormente, efectivos policiales le exigieron que descienda del rodado de forma violenta, llegando inclusive a golpear uno de sus vidrios. Ante el susto, la joven optó por huir del lugar, tras lo cual se inició una persecución que se extendió por varios kilómetros, desde la ciudad de Itá hasta Villa Elisa.
En el transcurso de este episodio, se efectuaron en total 32 disparos contra el vehículo, uno de los cuales terminó impactando inicialmente contra la joven. Pese a ello, la misma fue capaz de llegar hasta su vivienda, donde ingresó pidiendo auxilio a sus familiares. En ese momento, un policía la volvió a disparar en la espalda en presencia de sus parientes.
Luego de varios años de proceso judicial, finalmente seis efectivos policiales fueron condenados con penas que van de entre 6 y 12 años de pena privativa de libertad. Los mismos son: Rogelio Soria, Domingo Sachelaridi, Hugo Rojas, Edison Torres, Guido Aguilar y Néstor Villasboa.
CASO AGUSTÍN LEDESMA (2012)
Un joven de nombre Agustín Ledesma se encontraba juntando mandarinas en una propiedad ubicada en la localidad de Arroyito, departamento de Concepción, cuando algunos agentes de la FOPE aparecieron de sorpresa ante él.
A raíz del susto, el mismo decidió correr para huir del lugar, siendo perseguidos por los uniformados, quienes efectuaron varios disparos que terminaron acabando con su vida unos días después.
Los efectivos policiales alegaron haber confundido a la víctima con uno de los miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y por ello habrían tomado la decisión de disparar a matar.
Cabe recordar que en ese momento el joven no pudo responder al “alteo” de los agentes debido a que era sordomudo y, por ende, no escuchó los insistentes pedidos de que se detenga.
CASO DEL PEQUEÑO SERGIO GAMARRA (2015)
Sergio Daniel Gamarra, de tan solo 7 años de edad, había acudido a una fiesta de San Juan en la localidad de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, en compañía de su padre cuando es alcanzado por un impacto de bala.
El autor del disparo fue el Crio. Armín Báez Torres, quien había llegado al lugar en evidente estado de ebriedad para supuestamente intervenir en una gresca, de acuerdo a los antecedentes del caso.
Al momento de darle un culatazo a una de las personas involucradas, un proyectil salió disparado del arma de fuego que tenía en su poder, alcanzando al pequeño que cayó fulminado y murió de manera casi instantánea.
Instantes después de este incidente, el uniformado continuó manipulando el arma y terminó hiriendo al padre del niño, quien afortunadamente no revistió heridas de gravedad.
CASO VIVI ZANOTTI (2016)
La pequeña Viviana Zanotti Cavazzoni, quien tenía solo 3 años de edad, se movilizaba en compañía de su familia a bordo de un vehículo particular cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), efectuaron una serie de disparos contra el rodado.
En aquella oportunidad, los mismos argumentaron haber montado un supuesto operativo antidrogas dentro del cañaveral propiedad de la familia afectada en búsqueda de un grupo de traficantes, derivando en el citado incidente.
Durante este episodio, la niña recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza, lo cual en un principio le ocasionó una muerte cerebral y días después terminó acabando definitivamente con su vida.
Un total de nueve agentes antidrogas de la SENAD fueron acusados formalmente por la Fiscalía como responsables del crimen. En la actualidad, el juicio oral y público contra los mismos se encuentra en “stand by” a raíz de las múltiples chicanas presentadas por la defensa.
CASO RICHARD PEREIRA (2016)
Uno de los más sonados casos de “gatillo fácil” tiene como protagonista a Richard Pereira, un joven que había sido baleado por efectivos policiales en la madrugada del sábado 13 de agosto del 2016, en la zona del barrio Roberto L. Petit de Asunción.
En un aparente procedimiento irregular, el mismo fue detenido por el Crio. Ppal. Jorge Zárate y el Suboficial Jhonie Orihuela, de la Comisaría 4° Metropolitana. En un momento dado, fue obligado a ponerse de rodillas y recibió un disparo que terminó dejándolo parapléjico.
La causa llevó varios años de proceso judicial, entre chicanas y desmentidos por parte de la defensa de los uniformados. Finalmente en febrero del año pasado, un Tribunal de Sentencia condenó a Jorge Zárate y Jhonie Orihuela a 11 y 20 años de prisión, respectivamente.
CASO TRANSPORTE ESCOLAR BALEADO (2019)
Dos niñas de 8 y 11 años, respectivamente, fueron heridas de bala en la ciudad de Areguá luego de que efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional dispararan contra el transporte escolar que las estaba llevando a casa.
La menor de las niñas recibió un total de tres disparos en la zona de las piernas y el antebrazo, mientras que la mayor tuvo un refilón en la mano, revistiendo menor gravedad.
Los agentes involucrados en este episodio fueron el oficial inspector Néstor Gerardo Vázquez Guerrero (33) y el suboficial Jorge Manuel Cañiza (22), quienes posteriormente fueron detenidos y apartados de sus cargos.
Desde la Policía Nacional habían señalado que los uniformados se encontraban en un operativo investigando un robo vehicular y que decidieron abrir fuego contra la furgoneta debido a que supuestamente circulaba en actitud sospechosa.
