La Cámara de Senadores aprobó este lunes un proyecto de ley por el cual se establecen cláusulas especiales para la compra de las vacunas contra el Covid-19. El Ministerio de Salud asegura que esto facilitará la adquisición de las mismas.
El proyecto de ley que declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas contra el Covid-19 fue debatido por segunda vez este lunes por la Cámara de Senadores, que aprobó la semana pasada el documento en general.
En la sesión extraordinaria de esta jornada continuó el estudio en particular del proyecto, cuyos artículos fueron todos aprobados. Ahora pasa para su tratamiento en manos de la Cámara de Diputados.
El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, se reunió horas antes de la sesión con los senadores para dar explicaciones acerca de las cláusulas que se establecieron dentro de la propuesta, que provino del Poder Ejecutivo y la cual generó un extenso debate la semana pasada en el Senado.
El objetivo principal del documento es lograr una compra rápida de las vacunas anti-Covid-19 con el fin de proteger la salud de la población.
Los senadores discutieron ampliamente el artículo 1 del proyecto, que sostiene: “declárese de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El legislador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Víctor Ríos planteó que en lugar de “interés público” sea un “bien público” y el senador por el Frente Guasu, Hugo Richer, propuso incluir “la distribución gratuita” de las vacunas. Ambas modificaciones fueron aprobadas por unanimidad.
El artículo 2 que faculta al Ejecutivo, a través de Salud, a incluir en los contratos cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aplicación de leyes extranjeras con relación a tal adquisición, y señala que en ningún caso puede extenderse a terceros.
Víctor Ríos pidió añadir sobre ese mismo punto que los bienes públicos del Estado son inembargables, lo cual fue aprobado por la mayoría e incluido al mismo.
El artículo 3 faculta al Poder Ejecutivo a incluir en los contratos cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligentes.
A su turno, el parlamentario liberal Eusebio Ramón Ayala criticó que el mismo no contemple que no se especifique cuáles son las empresas que participarán en el contrato y que el Gobierno alegue que sea confidencial. “Este proyecto de ley es una autorización en blanco para que se negocie con los fabricantes que sean”, alegó.
“Yo creo que tiene que especificar, y creo que nosotros (senadores) podríamos autorizar con mayor seguridad. Mañana pueden firmar empresas como los propios proveedores de insumos chinos (al Ministerio de Salud)”, agregó Ayala. Pese a su oposición, la mayoría del pleno aprobó sin modificaciones el artículo 3.
El parlamentario Jorge Querey sostuvo al respecto que el Gobierno está evaluando en estos momentos la adquisición de las vacunas Pfizer y Moderna y, además, está en conversación con otros fabricantes.
También fueron aprobados los artículos 5 y 6, introducidos como propuesta del Frente Guasu, que establecen requisitos obligatorios y la vigencia del proyecto durante la emergencia sanitaria.
Términos de confidencialidad
Posteriormente, se procedió a estudiar el artículo 4, que faculta al Ejecutivo, a través de la cartera sanitaria, a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad en los contratos de la compra de las vacunas contra el Covid-19.
Víctor Ríos propuso agregar como continuación del párrafo el enunciado “toda vez que no implique violación de la Ley 5282 de Libre Acceso a la Información Pública”. El artículo fue aprobado con esta modificación.
Richer se adhirió a la propuesta y afirmó que con el proyecto “se está dando carta blanca al presidente de la República”, Mario Abdo Benítez. Ayala ratificó su rechazo al proyecto y esgrimió que se trata de una cuestión “claramente inconstitucional”.
Fonte: Ultima Hora